El 24 de Marzo.
“Día Nacional por la Memoria la Verdad y la Justicia”.
¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? ¿Por qué dedicamos un día especial para su recuerdo?
El 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar. Las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional y, desde ese día, se disolvió el Congreso, se impidió el funcionamiento de los partidos políticos, fue prohibida la actividad sindical, se anuló la libertad de expresión y fueron suspendidas las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
El “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” conmemora a las víctimas de la última dictadura militar. Esta fecha se propone como un día de reflexión y análisis para que las escuelas y las familias comprendan las graves consecuencias sociales, políticas y económicas de la última dictadura militar. También para que todos y todas reforcemos el compromiso de una ciudadanía democrática, en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.
¿Qué características particulares tuvo la última dictadura militar?
El golpe de 1976 no fue el primero en la historia política del país, pero sí el único al que denominamos “terrorismo de Estado”. Esto se debe a algunas características singulares de esta dictadura cívico militar: la desaparición forzada y sistemática de personas; la instalación y funcionamiento de los centros clandestinos de detención; la apropiación sistemática de menores; los delitos sexuales; la censura y las prohibiciones.
El Estado argentino instaló en todo el país un aparato represivo con el objetivo de llevar adelante la persecución que culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. Para ello se utilizó la fuerza pública estatal y se instalaron más 500 centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional, muchos de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas urbanas.
Entre 1976 y 1983 hubo 30.000 personas detenidas desaparecidas. Ciudadanos y ciudadanas que resultaron víctimas de la represión cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida.
El terrorismo de Estado, desplegó también otro mecanismo siniestro: la apropiación de menores, hijos e hijas de desaparecidas. Algunos fueron secuestrados y secuestradas junto a sus madres y padres, otros nacieron en durante el cautiverio de sus madres en los centros clandestinos de detención y fueron separados de ellas apenas nacieron.
El destino de estos cientos de niños y niñas que fueron robados fue variado: algunos fueron inscriptos e inscriptas como hijos por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad; otros fueron abandonados y abandonadas en hospitales como seres sin nombres; o también dados en adopción por mecanismos ilegales. Por estas razones, cada vez que se restituye la identidad a un niño o una niña apropiado -hoy adulto- significa una gran conquista social.
¿Qué lugar ocuparon los organismos de derechos humanos en la denuncia de estos crímenes?
Aún en en tiempos de la dictadura, hubo quienes se animaron a denunciar los crímenes que se estaban cometiendo. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos desplegaron una serie de estrategias para dar a conocer qué estaba sucediendo con las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada de personas y los asesinatos cometidos por el propio Estado. Estas denuncias llegaron al exterior y permitieron ampliar la condena al régimen dictatorial a escala global. Por ejemplo, durante la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en 1978, que tuvo lugar en el país, se desarrollaron campañas de denuncia en diversos países que cuestionaban la realización de un torneo deportivo en un país en el que existían campos clandestinos de detención.
Estos mismos organismos, ya en democracia, no bajaron los brazos en sus reclamos por el reconocimiento y enjuiciamiento de los responsables de los crímenes que tuvieron lugar durante la dictadura. Aún cuando el Estado impulsó una una política de “olvido”, los organismos continuaron sus demandas de memoria, verdad y justicia.
Cada 24 de marzo es también un reconocimiento a ellos: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión de Abogados por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Represión, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de ex-Detenidos-Desaparecidos e HIJOS.
¿Qué sucedió con la justicia de los crímenes de la dictadura en tiempos de democracia?
Nuestro país es uno de los primeros, y de los pocos, que intentó juzgar rápidamente los crímenes cometidos por la dictadura militar. Entre las primeras medidas del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se promovió la creación de una comisión especial para investigar el destino de los desaparecidos y las desaparecidas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como la CoNaDeP, recogió información sobre las víctimas de la represión a lo largo de todo el territorio nacional. En el poco tiempo en que pudo funcionar solo pudo reunir un conjunto limitado de denuncias de los familiares de detenidos-desaparecidos y no el total de las víctimas del terrorismo de Estado.
A su vez, en 1985 tuvo lugar el Juicio a las Juntas Militares. Se trató de un tribunal civil que juzgo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos atendiendo a las garantías constitucionales que posee todo individuo en un gobierno democrático. Se trató de un proceso judicial histórico: los principales responsables de los crímenes cometidos fueron condenados con distintas penas y cumplimiento efectivo de sus condenas.
Si bien Argentina tomó medidas tempranas para condenar los crímenes de la dictadura, también es cierto que desde el inicio de la recuperación democrática se escucharon voces que proponían el olvido y la reconciliación entre las víctimas y los perpetradores. En todos estos años hubo, además del Juicio a las Juntas y la CoNaDeP, leyes que promovieron la imposibilidad de juzgar a los responsables y la amnistía para los altos mandos de las Fuerzas Armadas que se encontraban cumpliendo condena. Un dato importante que sirve para evaluar los efectos que tuvo la imposición de esas normativas: durante los años en que se promovió el “olvido” como política de Estado ninguno de los responsables de las violaciones a los derechos humanos pidió perdón ni se mostró arrepentido por los crímenes cometidos. Por el contrario, tendieron a justificar los crímenes cometidos poniendo en evidencia que la “reconciliación” no era más que un pretexto para evitar el establecimiento de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos.
En el comienzo del nuevo milenio, los tres poderes del Estado- el Ejecutivo, Judicial y Legislativo- promovieron diversas resoluciones que permitieron revisar la política de olvido y avanzar en el reconocimiento de los crímenes perpetrados por el Estado en los tiempos de la dictadura. Desde entonces hemos avanzado muchísimo: tenemos programas educativos específicos a nivel nacional y provinciales, sitios y lugares de memoria reconocidos en todo el territorio nacional, juicios contra represores desarrollados en la mayoría de las provincias argentinas. El Estado y la sociedad argentina hemos podido reconocer que la “Memoria por la Verdad y la Justicia” y la defensa y consolidación de los derechos humanos constituyen pilares imprescindibles de la democracia.
" Recordando nuestra historia para que nunca mas se repita "
lo sucedido en 1976.
